martes, 29 de mayo de 2012

Los directores de Secundaria dicen que los recortes crearan "problemasde convivencia"

Los directores de los centros escolares se enfrentan a una misión complicada. Sus compañeros de trabajo llevan meses saliendo a la calle, pancarta en mano, para protestar contra el aumento de alumnos por aula y la reducción de personal. Al mismo tiempo, su jefe, Ignacio Diego, les pide que hagan «determinados esfuerzos» para educar a los alumnos «en los mismos parámetros de calidad, pero con menos coste para la Administración». Los directores, conscientes de la delicada función de contrapeso que ejercen entre los altos mandos y las tropas, han preferido discutir las medidas de puertas para adentro. Pero ahora, cuando el curso toca a su fin y los inspectores de educación empiezan a perfilar las nuevas plantillas, han dado un paso al frente para explicar cómo creen que será el curso uno después de Wert.

«No debemos ocultar a la población que el alumnado recibirá las clases en condiciones más desfavorables». Una frase que ofrece un pretexto y una crítica. Así de prudentes se muestran los miembros de la Asociación de Directores de Institutos de Enseñanza Secundaria (Adiescan) a la hora de elaborar un manifiesto que pone voz a los equipos directivos del 80% de los centros públicos de Secundaria de Cantabria.

Las conclusiones son el resultado de un análisis concienzudo por parte de quienes mejor conocen la gestión interna de los centros: los profesores elegidos por el claustro para gestionar los recursos, organizar la docencia y diseñar la estrategia para mejorar los resultados y competencias de los alumnos.

«Compartimos con los responsables educativos la preocupación por la mejora de la eficiencia de nuestros centros, pero estamos convencidos de que las medidas de recorte anunciadas producirán el efecto contrario», dice el manifiesto. «Las medidas perjudicarán la calidad de la enseñanza».

Atención a la diversidad

Las razones son obvias, explican. Por un lado, los alumnos no podrán ser atendidos como hasta ahora porque habrá más estudiantes en cada clase. Lo que a su vez supondrá que los estudiantes con mayores dificultades para el aprendizaje -así como los que presentan altas capacidades- difícilmente puedan tener un seguimiento individualizado porque con menos profesores habrá menos desdobles, apoyos y refuerzos.

«Tampoco podemos ocultar -explican- que una mayor saturación de los espacios y un menor número de profesores para la atención educativa generará mayores problemas de convivencia». Una situación que el Ejecutivo pretende solventar con una ley de Autoridad del Profesorado que, sin embargo, ha sido rechazada por el principal órgano de representación de la comunidad educativa, el Consejo Escolar de Cantabria.

Los directores también rechazan el nuevo régimen de sustituciones -sólo se cubrirán las bajas de más de diez días- y no ya el aumento de las horas lectivas de 18 a 20, sino la manera de aplicarlo. Dos medidas que obligarán a los profesores a dar clase de asignaturas en las que no están especializados.
«No se puede enmascarar la realidad diciendo que aplicando las medidas anunciadas se va a mantener la calidad educativa». Eso es lo que pide el Gobierno, «pero demuestra un desconocimiento absoluto de la realidad de los centros», dice el presidente de Adiescan, Pedro Ruiz Moya. «Igual que no se puede hacer el mismo cesto con menos mimbres».

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